Integrantes de la agrupación Resistencia Ciudadana GTO-Silao solicitaron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo una auditoría internacional e independiente a la concesión de la carretera Guanajuato-Silao, además de reiterar su exigencia para eliminar el cobro de peaje y recuperar el control público de esta vialidad.
Los representantes ciudadanos cuestionaron las condiciones en las que se entregó la operación de la autopista a la empresa Valle de la Independencia, integrada por VISE y Rubau, durante los últimos días de la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La concesión fue otorgada por 30 años, con posibilidad de ampliarse por otro periodo similar.
Entre sus principales inconformidades se encuentran los retrasos en las obras comprometidas, la falta de información pública sobre el contrato y las condiciones bajo las cuales se autorizaron las prórrogas. Los integrantes del colectivo señalaron que 11 de los 30 anexos del documento de concesión no están disponibles para consulta pública directa, lo que, consideran, limita la vigilancia ciudadana.
También cuestionaron que la empresa concesionaria continúe recaudando recursos mediante el cobro de la caseta mientras permanecen pendientes los trabajos de rehabilitación y otras obras relacionadas con el proyecto carretero Silao-San Miguel de Allende.
La agrupación pidió que la revisión sea realizada por una firma internacional sin conflictos de interés, con experiencia en infraestructura y finanzas públicas, para esclarecer las condiciones legales, técnicas y económicas de la concesión. Asimismo, demandó que se publiquen los expedientes, los compromisos de obra y las fechas de cumplimiento.
Los inconformes sostienen que la carretera es un bien público y que el cobro representa una carga para quienes viven en Guanajuato capital y necesitan trasladarse hacia Silao. Por ello, insistieron en que la caseta debe desaparecer y que las autoridades deben transparentar las decisiones tomadas durante el proceso de concesión.
