La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato se deslindó de las posibles irregularidades relacionadas con el operativo en el que fueron asegurados 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, al señalar que la intervención estatal se limitó a labores policiales de apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, explicó que los elementos estatales actuaron bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal, al que entregaron información derivada de trabajos de inteligencia y de investigación.
El funcionario señaló que la indagatoria federal comenzó después de que autoridades estatales detectaron una pipa que transportaba combustible sin documentación que acreditara su procedencia legal. A partir de ese caso se realizaron otras diligencias, entre ellas cateos en una gasolinera y posteriormente en una instalación ubicada en Dolores Hidalgo.
La última intervención ocurrió en un centro de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente al grupo SIMSA, ubicado en San José Iturbide. En ese punto fueron asegurados los 59 millones de litros que inicialmente fueron presentados como un importante golpe contra el presunto huachicol.
Sin embargo, posteriormente se informó que el entonces delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue separado del cargo por inconsistencias relacionadas con el operativo. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
González Martínez sostuvo que la Secretaría de Seguridad y Paz únicamente proporcionó información y apoyo operativo a la autoridad federal, por lo que consideró necesario diferenciar entre las actuaciones policiales estatales y las diligencias ministeriales de la FGR.
El secretario pidió esperar los resultados de la investigación federal para determinar qué ocurrió durante el operativo y si existieron irregularidades en la actuación de funcionarios de la Fiscalía.
Mientras tanto, la procedencia y situación jurídica del combustible asegurado continúan bajo investigación de las autoridades federales.
