La crisis de desapariciones y fosas clandestinas en Guanajuato continúa creciendo entre reclamos por la falta de transparencia y las inconsistencias en los registros oficiales. Especialistas y colectivos de búsqueda advirtieron que las cifras dadas a conocer por las autoridades estatales no reflejan la magnitud real del problema en la entidad.
De acuerdo con investigaciones de organizaciones civiles y académicos, Guanajuato se mantiene entre los estados con más hallazgos de fosas clandestinas en el país. Sin embargo, los datos reportados por fiscalías y dependencias oficiales presentan diferencias importantes frente a los registros hemerográficos y ciudadanos.
El investigador Fabrizio Lorusso, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, señaló que persisten omisiones en la documentación pública de fosas y restos humanos encontrados, lo que dificulta conocer el verdadero alcance de la crisis forense y de desapariciones en el estado.
Según datos recopilados por plataformas ciudadanas y medios de comunicación, entre 2023 y 2024 se documentaron al menos 91 fosas clandestinas en Guanajuato, mientras que la Fiscalía estatal únicamente reconoció 39 casos durante ese mismo periodo.
Además, organizaciones como Causa en Común alertaron que actualmente no existen informes oficiales completos y actualizados sobre el número de fosas clandestinas descubiertas ni sobre los cuerpos recuperados, pese a que la ley obliga a mantener registros públicos en esta materia.
En lo que va de 2026, Guanajuato ya figura entre las cinco entidades con mayor número de fosas clandestinas localizadas en México. Reportes periodísticos y colectivos han contabilizado decenas de cuerpos hallados en municipios como Villagrán, Juventino Rosas, Cortazar e Irapuato.
Uno de los focos más preocupantes es la región Laja-Bajío, donde autoridades estatales reconocieron recientemente que grupos criminales han utilizado pozos abandonados como sitios de inhumación clandestina. Ante ello, el gobierno estatal inició labores para clausurar algunos de estos espacios.
La problemática también ha evidenciado el rezago forense en la entidad. Autoridades federales admitieron recientemente retrasos en la identificación de restos humanos y en la entrega de cuerpos a familiares, como ocurre en casos emblemáticos como el de Salvatierra, donde solo una carpeta ha sido judicializada pese al hallazgo masivo de víctimas.
Colectivos de búsqueda han insistido en que la falta de información precisa y la lentitud institucional agravan el sufrimiento de miles de familias que continúan buscando a sus desaparecidos. También demandaron la creación de registros públicos confiables, mecanismos efectivos de identificación y mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.
