El Congreso de Guanajuato reformó el Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para crear un registro público de agresores sexuales de menores de edad.
La iniciativa propuesta por la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, generó un intenso debate porque, a decir de algunos legisladores, el registro sería una pena adicional que obstaculiza la reinserción social de los agresores sexuales.
El Congreso aprobó crear el Capítulo XV en el Código Penal, titulado Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
El juez ordenará la inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de los sentenciados por los delitos de feminicidio, trata de personas, violación, estupro, abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento sexual, afectación a la intimidad, captación de menores, corrupción de menores e incapaces, explotación sexual y lenocinio cometidos contra menores de 18 años de edad, señala el artículo 99 z.
Destaca que el agresor sexual será inscrito a partir de que cause ejecutoria la sentencia.
El registro estará vigente el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque la pena de prisión sea sustituida o suspendida en los términos de ley, refiere el artículo. La inscripción se extenderá por 10 años, a partir de que el sentenciado obtenga su libertad, puntualiza.
Los diputados adicionaron un párrafo al artículo 99 r, relativo a la reparación del daño moral. El párrafo señala que “dicha reparación no evitará la inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, cuando sea procedente de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de este Código”.
La mayoría de los diputados avalaron adicionar la fracción XI al artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que administre y opere en su página web el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La inscripción se hará previa orden judicial, señala la iniciativa de la gobernadora, analizada y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia.
La fracción de Morena manifestó su respaldo a la creación del registro, solo si la lista no es pública.
Solicitaron que el registro sea restringido y de acceso solo para autoridades para evitar violaciones a derechos humanos e incurrir en acto de inconstitucionalidad. La propuesta fue rechazada.
El diputado morenista, Carlos Ramos Sotomayor, recalcó que están en contra de los delitos sexuales y consideró que deben castigarse con todo el peso del Estado porque las víctimas merecen justicia y garantías de no repetición. Estamos a favor de que sí exista un registro como una herramienta. “Sí al registro, no al carácter público”, resaltó.
La diputada priista, Ruth Tiscareño Agoitia, dijo que avalan proteger a los menores de edad, pero el Congreso no puede aprobar normas inconstitucionales, que atentan contra la reinserción de los sentenciados.
Aclaró que votar contra la iniciativa de la gobernadora no significa que defiendan a los agresores sexuales de menores de edad.
La legisladora exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) a promover la inconstitucionalidad de la reforma.
La diputada panista, Susana Bermúdez Cano, consideró que la violencia sexual contra menores es la que más lesiona porque atenta de manera grave contra la integridad de las víctimas y del tejido social.
Agregó que los derechos a la reinserción social y de protección de datos no están por encima de los derechos de la víctima.
La reforma protege a las víctimas como una acción disuasiva, para inhibir nuevas agresiones sexuales; por lo tanto, “es idónea y legislativamente correcta”, manifestó la panista.
El diputado, el exintegrante del PVEM Sergio Contreras Guerrero, manifestó su respaldo absoluto a la iniciativa de Libia García Muñoz Ledo porque “es un avance fundamental para la protección de los menores víctimas de delitos sexuales”.
Recordó que en Guanajuato existe un registro de funcionarios inhabilitados para ocupar cargos públicos y otro de deudores alimenticios.
El diputado panista, Erandi Bermúdez Méndez, exhortó a sus compañeros a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del registro.
La creación del Registro de Personas Agresoras Sexuales fue aprobada por mayoría.
