En ciudades del sur de Guanajuato, dueños de tortillerías enfrentan una situación crítica: grupos criminales les exigen pagos semanales de hasta tres mil pesos para permitir que sus negocios operen sin interferencias.
Se estima que cerca de 100 establecimientos dedicados a la producción de tortillas en municipios limítrofes con Michoacán soportan estos cobros extorsivos, según denunciaron representantes del gremio.
En municipios como Acámbaro, Pénjamo, Coroneo, Salvatierra, Moroleón, Uriangato y Yuriria los civiles comerciantes ya reportaron que la presión ha escalado.
El presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guanajuato advirtió que muchas tortillerías ya pagan esta cuota semanal por temor a represalias, pues si se niegan pueden enfrentar llamadas intimidatorias o visitas directas de los grupos criminales.
El modelo de extorsión usual es que haya un “líder tortillero” que sirva de mediador y recolecte el dinero de varias tortillerías. En otros casos, los criminales exigen que cada negocio entregue la cuota de forma individual.
Aunque León aún no presenta una presión tan fuerte como los municipios del sur, ya se registran intentos de cobro en algunas colonias periféricas.
Los afectados comentan que por temor no levantan denuncias formales, considerando que hacerlo podría traer consecuencias severas.
No sólo las tortillerías están en este riesgo; panaderías, abarrotes, tianguis y locatarios de mercados también enfrentan extorsiones semejantes.
El especialista en seguridad David Saucedo advirtió que estos grupos criminales han ido sofisticándose en sus métodos, incluso influyendo o usando intermediarios dentro de autoridades para facilitar el cobro.
En León, algunos comerciantes lograron detener intentos de extorsión luego de unirse y denunciar, pero reconocen que el miedo al represalias pesa más en muchos otros casos.
Maribel, propietaria de una tortillería y abarrotería en la colonia Jacinto López, narró que a principios del año hombres se presentaron exigiendo dinero para permitir que siguiera operando su negocio; aunque pedían 40 mil pesos, cedieron y entregaron solo parte, por temor.
Otra comerciante, Verónica, con seis años en el oficio, comenta haber sufrido robos, pero dice que recientemente no ha sido extorsionada, gracias a su buena relación con vecinos de la zona.
Leobardo, también dueño de tortillería, señala que en lugares como Irapuato y Celaya los cobros de piso ya son comunes, aunque en León la presión aún no es tan evidente.
Los grupos criminales se aprovechan de la vulnerabilidad del negocio: márgenes pequeños, competencia fuerte, costos variables, lo que hace difícil rechazar las amenazas.
El sector señala que el cobro de piso no sólo afecta económicamente, sino que genera un clima de inseguridad constante, desgaste emocional y desconfianza hacia las autoridades.
Muchas tortillerías intentan operar en silencio para evitar ser blanco de violencia, intimidación o represalias directas.
Los empresarios están pidiendo apoyo institucional, vigilancia especializada, denuncias públicas y compromiso judicial para atender estos casos.
Consideran indispensable que el gobierno estatal y municipal fortalezcan los mecanismos de protección para quienes denuncian, para que no quede impune este tipo de delitos.
En última instancia, la extorsión se refleja también en el precio del producto. Algunos tortilleros señalan que los costos adicionales que les imponen grupos criminales terminan trasladándose, parcial o totalmente, al consumidor final.
El cobro de piso es una sombra que se cierne sobre el gremio: no solo es un impuesto ilegal, sino una barrera para pequeños negocios, que en muchos casos tienen que escoger entre pagar o cerrar.
Aunque no existen cifras oficiales claras de cuántas tortillerías optan por cerrar por esta causa, la percepción general entre los productores es que la situación empeora con el paso del tiempo.
El temor a reportar este tipo de delitos públicamente está ligado a la inseguridad y la impunidad. Muchos afectados prefieren no hablar por su seguridad.
En municipios colindantes con Michoacán, por su cercanía con rutas de tránsito y zonas de influencia de grupos criminales, la presión es más alta y constante.
El fenómeno también coincide con zonas rurales o semiurbanas, donde la vigilancia policial puede ser débil y los negocios más aislados.
Para los tortilleros, uno de los peores escenarios es que quienes pagan hoy, mañana puedan enfrentar demandas mayores, incrementos arbitrarios de la cuota o exigencias adicionales.
El riesgo no es solo económico: existe preocupación por la seguridad personal, pues en otros casos, quienes se rehúsan han sufrido amenazas, robos o consecuencias violentas.
El panorama estatal obliga al gremio a reflexionar si ya es hora de articular una respuesta colectiva, tanto para denunciar como para autoprotección.
Algunos productores están explorando estrategias de agrupamiento, para compartir información, asesoría legal y seguridad comunitaria.
Otros optan por pagar voluntariamente para garantizar al menos una tregua, aunque saben que eso no garantiza que la extorsión cesará.
El cobro de piso representa una carga fija que, sumada a otros costos como materia prima, transporte y energía, agota los márgenes de ganancia de los tortilleros.
El impacto económico se siente en los costos de operación, en los ingresos netos, y en ocasiones obliga a reducir personal o cerrar en horarios nocturnos para evitar riesgos.
Los expertos en seguridad indican que erradicar estas prácticas implica atacar estructuras criminales, corrupción, y reforzar la presencia institucional en zonas vulnerables.
También sugieren crear canales seguros de denuncia que protejan la identidad y seguridad de los comerciantes.
Para una buena parte de los afectados, la credibilidad en las autoridades es baja pues consideran que las respuestas tardan o simplemente no llegan.
En contraste, algunas zonas ya experimentan respuesta de instituciones tras denuncias, aunque los resultados no siempre son visibles ni suficientes.
El sector tortillero, en su mayoría de pequeños negocios, pide además capacitación en autocuidado, gestión de riesgos, y asesoría jurídica gratuita.
Se considera urgente que se fortalezcan los redes de protección social y empresarial para los micros, pues muchos no tienen colchón para sobrellevar cierres o pérdidas.
Mientras tanto, la rutina de estos negocios sigue marcada por vivir al día, con la amenaza del cobro presente.
La tortilla, alimento básico, se convierte así no sólo en símbolo de sustento, sino de resistencia ante agresiones ilegales del crimen.
El reto para autoridades, sociedad civil y empresarios es grande: revertir una tendencia que daña tanto la economía local como la paz social.
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