La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe en el que alerta sobre posibles violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba.
El programa, promovido durante décadas como un modelo de cooperación en salud, es señalado ahora por prácticas que podrían contravenir estándares internacionales en materia laboral.
El documento indica que entre las principales irregularidades se encuentran la retención de salarios, la confiscación de pasaportes y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de contratos.
Según el análisis del organismo, estas condiciones podrían constituir “indicios de trabajo forzoso e incluso posibles casos de trata de personas”.
La CIDH sustenta sus conclusiones en testimonios de personal sanitario desplegado en distintos países.
De acuerdo con el informe, los profesionales reciben solo una parte del pago que los países receptores entregan al Estado cubano, con porcentajes que van del 2.5 al 25 por ciento. El resto de los recursos es administrado por el gobierno. Además, se documentan condiciones de vida limitadas y pagos que, según testimonios, no cubren necesidades básicas durante las misiones.
El reporte también describe un sistema de control sobre los trabajadores.
Entre las medidas señaladas están la retención de documentos oficiales al llegar al país de destino y la vigilancia sobre sus actividades.
En caso de abandonar la misión antes de concluir el contrato, los participantes pueden enfrentar restricciones para regresar a Cuba o sanciones legales, que incluyen penas de prisión.
La CIDH señala que estas misiones, creadas en la década de 1960, evolucionaron con el tiempo hacia un esquema que representa una fuente de ingresos para el Estado cubano.
Datos citados en el informe indican que en 2022 generaron 4 mil 882 millones de dólares, lo que equivale a una parte relevante de los servicios exportados por la isla.
El informe se basa en testimonios recabados en países de América Latina, África y Asia, con un número importante de casos en Venezuela, donde este tipo de programas se mantiene desde hace dos décadas.
