La inseguridad y el cobro de piso han impactado fuertemente a los comerciantes de fresas que venden sus productos en las carreteras que conectan a Irapuato, en el estado de Guanajuato. Debido a esta situación, cada vez hay menos vendedores que se animan a ofrecer sus frutos en estas vías, ante la presión y exigencias de grupos delictivos.
Los afectados han denunciado que los presuntos extorsionadores les exigen pagos que pueden llegar hasta los 50 mil pesos, lo que representa una carga económica considerable para los pequeños comerciantes. Esta conducta genera un clima de temor y obliga a muchos a abandonar las zonas de venta tradicionales.
Este fenómeno se da en un contexto de aumento generalizado del delito de extorsión en el estado. En 2025, diversos municipios de Guanajuato —como Irapuato, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, San Miguel de Allende y Pénjamo— registraron incrementos significativos en las carpetas de investigación abiertas por este delito, con algunos casos aumentando hasta más de 400 % en comparación con periodos anteriores.
Autoridades y organismos empresariales han identificado que la extorsión continúa siendo una de las principales preocupaciones de los comerciantes, ya que afecta no solo la seguridad personal sino también la viabilidad económica de pequeñas actividades comerciales en la región.
