La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso del Estado de Guanajuato debe despenalizar el aborto y reformar el Código Penal local para eliminar los artículos que criminalizan esta práctica. La decisión se da tras admitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, que invalida las disposiciones estatales que tipificaban el aborto como delito.
La Corte fijó un plazo de 90 días naturales para que el Poder Legislativo local armonice su legislación con los estándares constitucionales y de derechos humanos, con una fecha límite hasta el 15 de mayo de 2026 para completar las reformas. En caso de que el Congreso no cumpla con esta obligación, la SCJN advirtió que podrá invalidar directamente con efectos generales los artículos impugnados en todo el estado.
El máximo tribunal del país señaló que la penalización del aborto vulnera derechos fundamentales, incluidos la dignidad humana, la salud, la igualdad, la no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
Organizaciones defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacaron la decisión y recordaron que Guanajuato es una de las entidades que aún no ha actualizado su marco legal para cumplir plenamente con la jurisprudencia de la Corte en materia de derechos reproductivos, lo que incluye adecuar su legislación para garantizar el acceso al aborto seguro y sin penalización conforme a criterios constitucionales.
