Guanajuato: Panteones podrían ser escondite de cadáveres para el crimen organizado

La crisis de desaparecidos en Guanajuato ha impulsado una respuesta institucional y social sin precedentes, reflejada en la reciente celebración del Cuarto Foro Estatal del Protocolo ALBA.

Encabezado por el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, el evento reunió a autoridades, colectivos de búsqueda y organizaciones internacionales, quienes dialogaron sobre nuevas estrategias para la localización e identificación de personas desaparecidas.

Todo esto ocurre en un contexto alarmante, con denuncias sobre nuevas prácticas delictivas, como el ocultamiento de cuerpos en panteones municipales, lo que enciende las alertas sobre la magnitud y complejidad del fenómeno.

Fabrizio Lorusso, investigador de la Universidad Iberoamericana León, señaló en entrevista con Milenio, que en Celaya, Yuriria y Salvatierra se han recabado testimonios sobre irregularidades en cementerios, incluidas gavetas y fosas usadas para depositar cadáveres sin registro oficial.

  • En Yuriria, familiares reportaron el hallazgo de al menos nueve cuerpos en gavetas vacías del panteón municipal, sin carpeta de investigación asociada. De acuerdo dicho medio, testigos narraron que personas ingresaron de noche al cementerio, colocaron los cuerpos en nichos sin nombre y se retiraron sin dejar rastro.
  • En Salvatierra, escenario de la fosa clandestina más grande del estado, se han exhumado más de 80 cuerpos, y buscadoras advirtieron que esta práctica podría extenderse a otras zonas del país.

Además, el fiscal Vázquez Alatriste reconoció la existencia de denuncias y aseguró que la institución trabaja en coordinación con colectivos en un plan de exhumación de cuerpos en los panteones de Guanajuato.

A su vez, durante la conferencia del Protocolo ALBA, voces institucionales y de la sociedad civil coincidieron en la urgencia de atender la crisis forense que azota la entidad.

El fiscal Vázquez Alatriste reiteró su compromiso de construir una Fiscalía con enfoque humanista, mientras que Edith Olivares, de Amnistía Internacional, advirtió que la organización dará seguimiento para que las promesas se conviertan en políticas públicas efectivas.

A su vez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reafirmó que se dará atención inmediata y especializada a las víctimas.

Colectivos y especialistas insisten en que solo con acciones concretas se podrá recuperar la confianza ciudadana y garantizar la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias.

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