La declaratoria de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas no es la primera intervención directa de Donald Trump en México en materia de seguridad. Durante su primer periodo en la Casa Blanca, Trump apoyó abiertamente al gobierno de Guanajuato, encabezado por el exgobernador Miguel Márquez, y promovió la designación de un fiscal formado por agencias estadunidenses.
Sin embargo, a pesar del respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de agencias como el FBI, la DEA y la ATF, Guanajuato se convirtió en el estado con el mayor número de homicidios del país. Además, permitió el surgimiento del Cártel Santa Rosa de Lima, que extendió sus actividades a todo el estado y algunos territorios vecinos.
La relación entre el gobierno de Guanajuato y el de Estados Unidos se remonta a 2012, cuando Miguel Márquez viajó a Estados Unidos para reunirse con Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interior. En aquella ocasión, Márquez presentó el plan «Guanajuato Seguro» y recibió el aval del gobierno estadunidense para recibir recursos de la Iniciativa Mérida.
A pesar de la inversión de recursos y la capacitación proporcionada por Estados Unidos, la situación de seguridad en Guanajuato no mejoró. En cambio, el estado se convirtió en un ejemplo de cómo la intervención extranjera puede fracasar en la lucha contra el crimen organizado.
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