La mayoría de los internos están presos por delitos del fuero común

Registran sobrepoblacion en prisiones del estado

GUANAJUATO.- Al cierre de 2021, Guanajuato tenía una sobrepoblación de 926 presos tanto en el penal federal de Ocampo como en las 11 prisiones estatales y el centro de rehabilitación para menores infractores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi dio a conocer su reporte actualizado del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, en el que da cuenta que en el estado se tiene una capacidad de seis mil 345 camas en total en los 13 penales, pero al cierre de 2021 había siete mil 271 personas recluidas en ellos.

De acuerdo con el Inegi, en el penal federal de Ocampo hay mil 988 personas y como parte de la despresurización de las cárceles estatales.

447 personas están en ese lugar por la comisiones de delitos del fuero común, mientras que mil 541 corresponden a delitos del orden federal; para finales de 2021, el penal federal de Ocampo todavía podía recibir a 512 personas privadas de la libertad más.

En las 12 cárceles estatales Guanajuato tenía una población de cinco mil 283 personas y los penales con mayor saturación eran los de:

  • Valle de Santiago,
  • Celaya
  • Irapuato, todos sobrepasando su capacidad total.

Por ello, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la contratación de un nuevo crédito por hasta tres mil millones de pesos, para con ellos poder hacer ampliaciones en los penales de Pénjamo y San Miguel de Allende, para poder despresurizar a los de León, Valle de Santiago y Guanajuato capital.

El reporte del Inegi también dio cuenta de que en Guanajuato había ocho mujeres que tenían en prisión a sus hijos menores de seis años, todos ellos en prisiones estatales.

El reporte del Inegi también da cuenta de que durante 2021 fueron iniciadas 21 quejas ante Derechos Humanos por parte de los internos en las prisiones o de sus familias y fue uno de los siete estados con menor incidencia en la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad.

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